Cuando se ordena bloquear una página web, es el operador el que tiene que asumir actualmente los costes. En Reino Unido BT y EE, grandes operadores del país, han presentado una apelación al Tribunal Supremo de Reino Unido para evitar tener que hacer frente a esos costes, tal y como determina actualmente la ley.

La ley actual de la Unión Europea podría eximir a los operadores de este coste

Esta ley lleva vigente desde 2016, y obliga a los operadores a hacerse cargo de los costes de bloquear a todos sus usuarios (normalmente a través de sus DNS) el acceso a las webs pirata que permiten descargar contenido copiado ilegalmente. Mientras que a los operadores no les importa bloquear esas páginas web (que incluso les puede beneficiar indirectamente si están emitiendo contenido que ellos tienen disponible en sus plataformas de TV), lo que no quieren es tener que asumir los costes de bloquearlas.

Aquí es donde entra en juego una legislación que desaparecerá del país dentro de un año y dos meses. Esta legislación, aplicada bajo las normas de la Unión Europea de comercio electrónico, ofrece inmunidad a los operadores (regulación 2015/2020). Esta inmunidad puede eximir a los operadores de tener que acarrear los costos del bloqueo al que les obligan las autoridades, según afirma la abogada defensora de los operadores BT y EE. En otros casos a otras empresas no se les obliga a acarrear los costes de llevar a cabo una sentencia.

Esta abogada también comentó que los operadores no deberían estar obligados a asumir los costes, siendo los acusados o dueños de las webs quienes deberían hacer frente a ellos, y no el operador que es inocente. Sin embargo, esto tendría como problema la dificultad de hacer que los dueños de las webs se hicieran cargo de los costes.

Los operadores ya bloquean otro tipo de webs “gratis”

La otra parte del caso argumentó que los operadores no suelen pedir que se hagan cargo del coste las webs que bloquean cuando están relacionadas con contenido erótico o de webs de apuestas. Además, los operadores ya se encuentran en la actualidad analizando la red en busca de material que infrinja los derechos de autor, con software como el de Irdeto que permite identificar streamings ilegales y cerrarlos rápidamente.

La discusión llegará a su fin una vez el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre si son los operadores quienes deben hacerse cargo de esto, pero parece ser que de momento esto va a seguir siendo así.

Dejar a interpretación si una web infringe o no los derechos de autor puede llevar también a bloquear webs que no lo merezcan. Por ejemplo, en YouTube se suele compartir contenido sujeto a derechos de autor (como retransmisiones ilegales de eventos deportivos), y nunca se ha decidido bloquear el acceso a la plataforma por ello. Y eso que los vídeos se almacenan en los propios servidores de Google, mientras que otras webs simplemente lo que hacen es ofrecer enlaces.