Se ha convertido en el debate de las últimas semanas: ¿pueden los políticos bloquear (en las redes sociales) a sus detractores? Pues bien, la primera respuesta legal a esta cuestión viene de parte de un tribunal federal en Virginia, donde se ha dictaminado este hecho como una violación del derecho a la libertad de expresión. Algo que, por cierto, hace a menudo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Pero aquí, en España, también se han dado casos de políticos que dejan sin palabra a sus detractores, a golpe de ‘bloqueo’ en redes sociales.

¿Es más peligroso usar Facebook en el móvil desde el navegador que desde la app?

Un tribunal federal en Virginia ha dictaminado que Phyllis Randall, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun violó el derecho a la libertad de expresión de un usuario de la red social Facebook. Concretamente, el ‘bloqueado’ en Facebook fue Brian Davison. Y esta fue la reacción del político al ser acusado de corrupción. No él de forma directa, sino la Junta de Educación de Loudoun.

Los políticos no pueden ‘bloquear’ a los ciudadanos en las redes sociales… ¿o sí?

Según el juez, este político actúa como un funcionario público en su perfil de Facebook –una página, concretamente-. De tal manera que bloquear a otros usuarios supone una violación de la Primera Enmienda. Es un acto discriminatorio, según el fallo del juez de Virginia, y es un acto inconstitucional. La defensa del político alegó que su página de Facebook no representa al gobierno, porque no utiliza los recursos del condado para su mantenimiento. Sin embargo, el juez no consideró estas justificaciones, y las consecuencias para el político no serán destacables, pero sí ha sentado un precedente.

En los Estados Unidos, como comentábamos antes, Donald Trump ya ha mostrado en varias ocasiones esta misma actitud. Y en nuestro país, otros políticos se han dedicado a bloquear a los usuarios que se oponen a su postura u opiniones. Y esta primera sentencia sienta un precedente importante a nivel internacional. Porque es evidente que la legislación no está adecuada a Internet, en este sentido, y que efectivamente dentro de la legalidad, los comentarios de los ciudadanos deben aceptarse. Tanto de unos como de otros, en el caso de los políticos que nos representan.